“Es imposible una justicia democrática en medio de la desigualdad social”

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“El debate por la necesaria reforma judicial se ha puesto nuevamente en la agenda política y mediática de manos del intento encabezado por el Ejecutivo Nacional y expresado en el discurso presidencial en el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional”.

“La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) lleva décadas propugnando el tema y trabajando propuestas para esta esperada reforma que no puede ser fruto de un “manijazo” sino de un proceso político con amplia participación donde el pueblo sea protagonista.

El sistema judicial no es algo que está al margen del resto de la sociedad. El modelo de justicia es inseparable del modelo de sociedad a la que pertenece. No es posible imaginar una justicia democrática en un sistema antidemocrático, como tampoco es factible una justicia democrática en una sociedad marcada por la división de clase, la desigualdad social, económica, cultural y política.

Esas afirmaciones, que para algunos pueden parecer una verdad de Perogrullo, no son sin embargo el sentido común dominante y mucho menos parecen ser el pensamiento oficial ni de la mayoría de los sectores que se dicen opositores. Por el contrario, en algunos planteos actuales acerca de la democratización de la Justicia domina la idea de que puede discutirse esa democratización con independencia de discutir cómo funciona el poder en general en nuestro país. Así que vale la pena dejarlo claro de entrada: justicia democrática sólo en un sistema verdaderamente democrático.

Ese vínculo indisoluble significa que la cuestión de una justicia democrática requiere plantearse simultáneamente las condiciones generales de funcionamiento de la sociedad, tanto en lo político como en lo social, económico y cultural.

Este enfoque global del problema judicial no significa esquivar el análisis de lo específicamente judicial. Podemos y debemos hacer planteos muy concretos en este tema. Y los trabajadores, entre ellos los judiciales, tenemos mucho para decir al respecto. Pero es una trampa enorme creer que se puede avanzar en esa dirección sin plantearnos en qué sociedad estamos y qué sociedad se corresponde con un sistema judicial coherente con los intereses populares.

Un poco de historia
La ahora tan mentada democratización de la Justicia es, en realidad, una vieja bandera de los sectores populares, que se planteó con intensidad al comienzo mismo de la actual etapa constitucional, que pronto cumplirá 30 años. Por aquel entonces, el Poder Judicial apareció en la nueva escena democrática prácticamente intocado. Es decir, se retiraba una dictadura cívico militar, que había instaurado el terrorismo de Estado y para lo cual necesitó indispensablemente de una justicia no solo cómplice sino partícipe necesaria del sistema represivo como garante de la impunidad, y, paradójicamente, casi nada cambiaría en el sistema judicial a partir de ese 10 de diciembre de 1983, cuando asumió la presidencia el doctor Raúl Alfonsín. Con excepción de algunos magistrados del fuero federal criminal, especialmente la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que luego se avocaría al juicio a las juntas, casi nada cambió.

Incluso, un año después del retorno a la Constitución, la Asociación de Abogados de Buenos Aires llamaba la atención sobre esa inmutabilidad del Poder Judicial al señalar que prácticamente el 93 por ciento de los jueces eran los mismos que durante la dictadura.

El tema no es menor por varios motivos. El sistema judicial había sido una pieza esencial del aparato terrorista, en tanto esterilizaba toda tentativa de investigación (cajoneando los habeas corpus, rechazándolos y negándose a investigar, trucando adopciones de hijos de desaparecidos, autorizando entierros clandestinos NN, etc.) y a la vez servía como fachada de legalidad a la dictadura.

Asímismo, el sistema judicial había convalidado todo el plexo jurídico normativo del llamado “Proceso”, desde la superioridad de las actas dictadas por la Junta respecto de la Constitución Nacional, hasta la confirmación de todos y cada uno de los dictados de dicha máxima instancia dictatorial en relación a los más vastos temas concernientes a la economía y la sociedad.

Con los años, aquello cambió poco y nada, más por acción del transcurso del tiempo que promovía jubilaciones y retiros que por una política de depuración y transformación del sistema judicial. Por el contrario, si algo cambiaría iba a ser de la mano de las reformas de tercera y cuarta generación promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la ofensiva neoliberal. Los pasos que se iban a dar en ese marco tienen mucho que ver con la cuestión que ahora se pone sobre la mesa. Porque las medidas que se tomaron en ese proceso tuvieron que ver con adecuar el sistema judicial más ajustadamente a las necesidades de un modelo social, político, económico y cultural del capitalismo más salvaje que conoció nuestro país.

Los sistemas de mediación privada, otras formas de tercerización de la justicia, la paulatina destrucción del fuero laboral, la cooptación de magistrados entrenados en los foros de las grandes corporaciones económicas y entidades financieras internacionales, fueron esenciales también para el funcionamiento del modelo que se profundizaría en la etapa menemista.

¿Cómo si no iban a lograr que se aprobaran sentencias que avalaban la precarización del trabajo, la quita de derechos laborales, la libertad de circulación de los capitales especulativos, la destrucción del sistema jubilatorio, las privatizaciones masivas y otras miles de medidas adoptadas por entonces? Fue así que surgió, incluso, una justicia eficiente (al contrario de la eterna idea de que el problema es la ineficiencia) para asegurar juicios rápidos cuando están en juego intereses de las multinacionales, por ejemplo. En todo caso, la “ineficiencia” era para tratar los derechos de los trabajadores, o para analizar las demandas que planteaban la ilegitimidad del pago de la deuda externa, etc. Pero, en realidad, no es ineficiencia sino eficacia funcional en relación con un modelo.

Un sistema judicial funcional al capitalismo salvaje
Aquella funcionalidad del sistema judicial en relación con el modelo capitalista salvaje es lo que quedó al desnudo durante la crisis del 2001. Por primera vez en la historia argentina, el “que se vayan todos” abarcó al propio sistema judicial, en particular a la Corte Suprema de Justicia, que fue señalada por un enorme movimiento popular que impulsó, en las puertas mismas del Palacio de Justicia de la Nación, la remoción total de la Corte menemista.

De algún modo, el Presidente Néstor Kirchner se hizo eco de esa demanda popular cuando, en sus primeros meses de gobierno, amagó con el juicio político, logró con eso renuncias de cortesanos, e impulsó luego su reemplazo con figuras que aparecieron más potables a los ojos de la gente. Asímismo, le dio un marco de transparencia y cierta participación popular a esa sustitución, que iba en paralelo a lo que podría llamarse por entonces un reclamo democratizador del sistema judicial.

Pero la cuestión, en su esencia, se quedó allí. Podría decirse, al principio, que “no era poco para empezar”. En efecto. El problema no fue el comienzo sino todo lo que se hizo en materia de democratización. Y para ser todo es demasiado poco. Y para colmo, como se vio por ejemplo en las manipulaciones oficiales dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, en la política kirchnerista de designación de jueces, etc., lo que se había hecho bien quedó totalmente desmerecido.

La nueva propuesta oficial
¿Esta nueva ofensiva oficial “por la democratización” no es un reconocimiento de que faltaba mucho más? ¿Por qué se detuvo el ímpetu que depuró parcialmente a la Corte Suprema de los elementos más reaccionarios? ¿Por qué se volvió tan rápidamente a la elección de jueces a dedo o a las presiones indirectas sobre los jueces que tienen competencia en temas que preocupaban al gobierno, o, como contrapartida, a la ayuda “solidaria” del juez amigo? ¿Por qué se asegura que ahora sí, y se anuncia el retorno al camino de la democratización que se abandonó tan rápido como había empezado?

Responder a estas preguntas no es sencillo y podría dar para una especulación, quizá demasiado subjetiva para algunos. Sin embargo, es necesario planteárselas, tratando de basarse en los hechos, y extraer conclusiones.

Porque, desde ya que estamos de acuerdo con que hay que contar con una Justicia para la democracia. Pero, ¿es a eso a lo que apunta el gobierno? ¿Las medidas anunciadas por la Presidenta apuntan en esa dirección? ¿Qué nos dice el análisis de esos anuncios más allá de que todavía no conocemos los proyectos de ley que deberán plasmarlos? Y, también, por qué no: ¿qué nos dice lo que la Presidenta no dice, lo que calla, lo que silencia? Lo que no se habla es tan significativo como aquello que se anuncia.

Sin duda, el proceso de elección de los magistrados es una cuestión clave. Diríamos también que los de la evaluación de sus funciones y los de la eventual remoción, también. Eso tiene un aspecto procesal y otro sustancial. El procesal tiene que ver con quiénes eligen a los jueces y cómo. Si a eso se contesta: el pueblo por elección de un Consejo de la Magistratura, estamos de acuerdo, aunque no es la única fórmula y, si nos ponemos en serio a debatir el tema, quizás haya fórmulas mejores.

Hay distintas formas de llevar a la práctica la capacidad de decisión popular en materia de composición del poder judicial. Pero partamos de acordar que todo lo que aumente la participación y la capacidad del pueblo en materia de poder decisorio en relación a la composición del poder judicial es bienvenido. Y cabe recordar que, desde la Federación Judicial Argentina, desde la CTA, es lo que venimos planteando y exigiendo desde hace muchos años.

Ahora bien, si queremos tomar el toro por las astas, como quien dice, hay que plantearse también un problema tanto o más complejo que el de la votación popular. Así como se plantea quién elige, también hay que plantearse a quién se elige: ¿quiénes pueden y deben ser jueces? ¿Qué tipo de juez se corresponde con la democracia? De esto no habló la presidenta, y sin embargo, nos parece un tema fundamental.

Así como hay un tipo de profesional agrónomo para un tipo de producción agrícola, así como hay un médico que se corresponde con los problemas de salud de una determinada población en un punto geográfico preciso, y todo ello tiene que ver con un determinado modelo de país, también hay un tipo de juez, que debe ser formado para un modelo de país democrático. La hegemonía tradicional que ejercen sectores conservadores, reaccionarios y liberales en las facultades de derecho es un tema que tiene que ver con la democratización de la justicia. Es un tema ideológico y cultural. ¿O creemos que es casualidad que durante los golpes de Estado el poder que menos necesitan cambiar los dictadores es el Judicial? Aquí hay un asunto que va a las raíces de una verdadera democratización.

En consecuencia, correlativamente con esa posibilidad de decidir del pueblo, es necesario plantearse una ofensiva todavía más profunda que tiene que ver con lo sustancial, con la subjetividad, con la currícula de las facultades de Derecho, con los contenidos de la formación judicial en general, con las incompatibilidades indispensables a tener en cuenta (¿no está en nuestra normativa la idea de que los funcionarios de la dictadura no pueden serlo de un gobierno constitucional? ¿Y qué hay de los jueces? ¿Qué hay del doctor Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, que integró el poder judicial durante el terrorismo de Estado?

Pérdidas y ganancias
Sigamos. Sin duda que avalamos el planteo de que los jueces paguen impuestos como todos los demás. ¿Criticamos que ellos no se excusen al momento de decidir sobre ellos mismos y se transformen en juez y parte? Ahora, otra cuestión muy distinta es la discusión sobre este nefasto impuesto a las ganancias, que se impone a todos los trabajadores, que no es un impuesto a las ganancias, sino al salario (y el salario no es ganancia), y que si no aclaramos esto, terminamos por confundirlo todo. Que los jueces, entonces, paguen impuestos, pero que se elimine el llamado impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores y que se sustituya por impuesto a los altos ingresos, y que en ese marco paguen los magistrados, los legisladores, los jerarcas de la administración pública y los ejecutivos de las empresas.

Porque en este planteo de que los jueces paguen ganancias, se deja en el camino la discusión más importante que debería ser la configuración de un sistema impositivo equitativo. Ya que tenemos uno de los sistemas impositivos más inequitativos del planeta. Empezando por este impuesto a las ganancias. Digámoslo de entrada: es un impuesto antidemocrático y antipopular. Entonces: ¿cómo se democratiza la Justicia con leyes impositivas antidemocráticas? ¿Realmente puede pensarse que estos temas no tienen relación alguna?

Lo que queremos decir es que con un análisis más fino podemos llegar a ver cuál es la direccionalidad real, las verdaderas intenciones democráticas del oficialismo, o descubrir que sólo se trata de un planteo oportunista, que se queda en las puertas del problema, que se utiliza como bandera circunstancial para enemigos circunstanciales, pero que no llevan a ninguna democracia real.

Circunstancial, sí. O si no veamos: ¿nos quieren decir que este sistema judicial que lleva 30 años siendo el Poder Judicial de la “democracia” no tiene nada que ver con el sistema político en general, que esta Justicia nació de un repollo, que se autoincubó, que lo heredamos de la dictadura? Treinta años es mucho como para hablar de que el problema judicial se debe solamente a la corporación judicial. Y también diez años de gobiernos kirchneristas es mucho como para hacer hoy un discurso de recién llegados a la política. Todos los gobiernos que tuvimos desde hace treinta años tienen responsabilidad directa; es más: son los principales responsables de la Justicia que tenemos.

Lo que tampoco dice el discurso oficial
Además, el sistema judicial no es todo el problema de una justicia democrática. Los mejores jueces que dictan sentencias favorables a los jubilados que el Poder Ejecutivo no cumple, los mejores jueces de un fuero laboral que se ve atacado con políticas oficiales que llevan a su destrucción, los mejores jueces que dictan sentencia para recuperación de los que delinquen pero que los encierran en cárceles que los Ejecutivos nacionales y provinciales mantienen en pésimas condiciones condenándolos a su exterminio, demuestran que el problema de una justicia democrática no tiene que ver solamente con el Poder Judicial sino con todo el poder. ¿Por qué hay justicia más antidemocrática que aquella que dicta fallos justos que no se pueden cumplir porque el Ejecutivo simplemente dice que no quiere?

Lo que no dijo la Presidenta, entonces, completa (aunque no totalmente) la materia a analizar. Que la Presidenta no haya dicho que cumplirá las sentencias que garantizan la movilidad de las jubilaciones, que garantizan niveles remuneratorios adecuados, un índice de inflación real que ponga en evidencia la desactualización monetaria de los presupuestos judiciales como así también de los salarios de sus trabajadores, entre una lista innumerable de cuestiones, revela, a juzgar por el pasado, que la mentada democratización oficial puede ser solo un slogan. Una bandera más que se le pretende arrancar al pueblo para ensuciarla.

Pero, démosle una oportunidad la cuestión. Ahora que desde la máxima instancia se da permiso para hablar de la democratización de la que nosotros hablamos siempre, no nos vamos a poner en pesados.

Esperemos que a los proyectos anunciados se sumen medidas que acaben con la tercerización de los servicios de justicia, como la mediación, que encarecen el acceso popular a la Justicia. Que se vuelva a fortalecer el fuero laboral, que se revean los programas de estudio en las facultades de derechos y en las academias jurídicas de grado, post grado, que se amplíe la participación popular y la capacidad de decisión popular en materia judicial, que se garantice a los trabajadores judiciales el derecho a la negociación colectiva, que hasta ahora le es negado por los Magistrados y por el Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación y de la mayoría de las provincias (¿o se imaginan una justicia democrática que garantice ese derecho para todos los trabajadores menos los propios del Poder Judicial?). En fin, el menú es extenso. Porque el problema de la democratización no es cuestión de tres leyes. Lo que está en cuestión es un sistema.

No hay un sistema judicial que garantice la igualdad de derechos cuando el sistema social se basa en la desigualdad, en las diferencias de clase, en la explotación. ¿O alguien imagina un juez que condene la desigualdad económica fundada en la apropiación capitalista del valor creado por el trabajo? La Justicia no es una isla.

Democratizar, entonces, es una cuestión que concierne a todo el sistema político argentino.

Menú democrático
La lista de medidas para la democratización que se anhela de algún modo puede deducirse de lo que ya expusimos. Pero hagamos un punteo de algunas cuestiones clave:

* Garantizar una efectiva independencia de la justicia de los poderes políticos, de los partidos políticos y, también, especialmente, de los lobbies y corporaciones que representan al poder económico;

* Incrementar sustancialmente todos los mecanismos de participación popular, tanto en los procesos de selección y remoción de los jueces cuanto en las decisiones que se adoptan. A nadie escapa que la Justicia cumple un papel fundamental en la determinación de la verdad dentro de una sociedad;

* Esa verdad no es una competencia solo de eruditos en derecho y jurisprudencia sino que se vincula con perspectivas de clase y de intereses de muy diversa índole: la participación popular en la determinación de la verdad (veredictos) y sentencias es entonces una cuestión esencial para la democratización, en tanto democracia implica gobierno y justicia del pueblo;

* Integrar los consejos de la magistratura con participación popular y de los trabajadores, los juicios por jurados, y todos aquellos mecanismos que implique garantizar la participación del pueblo en la elección y remoción de los magistrados como el directo involucramiento de los vecinos y ciudadanos en los procedimientos, excluyendo definitivamente trenzas corporativas y contubernios políticos;

* Impulsar una profunda reforma judicial que establezca un modelo de Justicia sobre la base de la decisión soberana de los ciudadanos, eliminando las huellas y continuidades de los ‘90, verificadas en las tercerizaciones, el trabajo flexible, etc. Reforma que sin lugar a dudas debe estar en contraposición con los dictamen del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros, responsables de las modificaciones neoliberales;

* Asegurar la transparencia de los procesos judiciales, otorgando a los mismos la mayor publicidad posible, no sólo en relación a las sentencias sino también en relación con los procesos de formación de la decisión judicial;

* Establecer la caducidad de los cargos de la magistratura por el transcurso de un plazo prudencial;

* Asegurar el derecho a la negociación colectiva y las convenciones paritarias entre los trabajadores judiciales y las patronales, como forma de democratizar las relaciones laborales en el interior del Poder Judicial.

* Garantizar el efectivo acceso a la Justicia por parte de todos los ciudadanos y habitantes del territorio de la Nación; en este sentido, la total gratuidad del procedimiento, la proximidad de los tribunales de todos los ciudadanos, el asesoramiento gratuito, son algunas de las garantías de una justicia democrática.

* Efectuar un arduo trabajo en relación a la formación y selección de los magistrados y trabajadores judiciales en general sobre la base de principios democráticos. Por ejemplo, los contenidos en la formación de los jueces, los programas de estudio de las facultades de derechos, los criterios académicos y profesionales en la valorización del currículum de los futuros magistrados (introduciendo, por ejemplo, exclusiones respecto de quienes hayan defendido intereses económicos multinacionales o extranjeros y destacando aquellos que hayan estado en la defensa de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos)”.

Fuente: Carlos Ordoñez; Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA)

Artículo publicado en el Periódico de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Número 93. Abril 2013

* Equipo de Comunicación de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA)

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Por en 15 abril, 2013. Archivada en Otras. Podes seguir los comentarios de esta nota via RSS 2.0. Podes dejar un comentario o un trackback

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